Propuesta: Ley de Criptomonedas en Guatemala

Recientemente, un medio de comunicación guatemalteco informó sobre una propuesta de ley de activos digitales presentada por una diputada del Congreso de la República de Guatemala. Por ello, en este post analizamos y comentamos este proyecto, que consideramos relevante por ser la primera iniciativa legislativa específica para regular los activos virtuales en el país, aunque representa el segundo intento de abordar este tema en Guatemala.

La propuesta de Ley de Criptomonedas en Guatemala llega en un momento crucial, cuando las criptomonedas, monedas estables y demás activos virtuales ganan terreno en América Latina. Con el objetivo de fomentar la inclusión financiera y proteger a los usuarios de fraudes, esta iniciativa busca regular el uso de criptomonedas y activos digitales en el país, sin otorgarles el estatus de moneda de curso legal. Esto significa que, aunque el Quetzal seguirá siendo la moneda de referencia, los guatemaltecos podrán usar criptomonedas para transacciones lícitas de manera voluntaria.

La propuesta de ley define claramente conceptos clave: las criptomonedas son reconocidas como medios de intercambio, unidades de cuenta y reservas de valor, mientras que los activos virtuales abarcan una amplia gama de instrumentos digitales, incluyendo stablecoins vinculadas al Quetzal o al dólar estadounidense.

¿Qué Contiene la Propuesta?

La iniciativa se estructura en varios ejes que buscan equilibrar innovación y seguridad:

1. Uso Voluntario y Transparencia: Los comercios podrán aceptar voluntariamente criptomonedas, siempre que indiquen el equivalente en Quetzales para garantizar claridad. Esto protege a los consumidores y fomenta confianza en las transacciones digitales.
2. Exención Tributaria: Una de las medidas más atractivas es la exención de impuestos sobre ganancias de capital para el uso personal de activos virtuales, ya sea en consumo, ahorro o transferencias. Sin embargo, las actividades comerciales con activos virtuales sí estarán gravadas, lo que busca equilibrar incentivos con responsabilidad fiscal.
3. Protección al Usuario: Las plataformas de intercambio y wallets deberán registrarse ante la Superintendencia de Bancos (SIB) y cumplir con estándares de ciberseguridad, transparencia y medidas de cumplimiento financiero, como protocolos de Conozca a su Cliente (KYC). Además, deberán reportar actividades sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
4. Prevención de la Volatilidad: La propuesta promueve el uso de stablecoins para mitigar los riesgos de la volatilidad, una preocupación común en el mundo cripto.
5. Educación Financiera: El Banco de Guatemala (BANGUAT) y la Superintendencia de Bancos (SIB) liderarán programas para educar a la población, un paso clave para democratizar el acceso a estas tecnologías.

La Superintendencia de Bancos (SIB), en conjunto con el Banco de Guatemala (BANGUAT), será la encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, mientras que el Organismo Ejecutivo deberá emitir un reglamento en un plazo de seis meses tras su aprobación.

Los Puntos Fuertes de la Propuesta

Esta iniciativa tiene varios aciertos que podrían transformar el panorama financiero guatemalteco:

• Inclusión Financiera: Al permitir el uso de criptomonedas, la ley abre oportunidades para los no bancarizados, un sector significativo en Guatemala, donde millones carecen de acceso a servicios financieros tradicionales.
• Claridad Jurídica: Al reconocer a los activos virtuales como medios de intercambio, la propuesta elimina ambigüedades legales, brindando seguridad tanto a usuarios como a empresas.
• Fácil de Entender: La ley es clara y accesible, un factor crucial para fomentar su adopción en un país donde la educación financiera aún enfrenta retos.
• Equilibrio con el Quetzal: Mantener el Quetzal como moneda de referencia para fines contables asegura que la economía nacional no se vea desplazada por las criptomonedas.
• Incentivos Tributarios: La exención de impuestos sobre ganancias de capital en transacciones personales es un incentivo poderoso para que los guatemaltecos adopten los activos digitales. Esta medida es clave para prevenir la fuga de capitales y fomentar la liquidación de activos virtuales en territorio nacional, utilizando el Quetzal como moneda de referencia.

Retos y Oportunidades de Mejora

A pesar de sus fortalezas, la propuesta enfrenta desafíos que podrían limitar su impacto si no se abordan:

• Falta de un Regulador Especializado: Depender de la Superintendencia de Bancos, una entidad enfocada en el sector bancario tradicional, podría generar requisitos administrativos y económicos excesivos para los proveedores nacionales de servicios de activos virtuales (PSAV). Crear un órgano especializado podría impulsar la industria de manera más efectiva.
• Desafíos para Proveedores Locales: De los doce PSAV que hemos identificado operando en Guatemala, consideramos que pocos podrían cumplir con las posibles exigencias de la SIB, en caso se aprobara esta iniciativa, lo que podría favorecer a grandes plataformas internacionales con más recursos. Esto plantea un riesgo para la competitividad local.
• Terminología Confusa: El uso del término “exchange” en lugar del estándar internacional “Proveedor de Servicios de Activos Virtuales” (PSAV) podría generar malentendidos en la industria y refleja un desconocimiento sobre los estándares internacionales por parte del redactor de la propuesta. 
• Omisión de la emisión y Tokenización: La propuesta no contempla la emisión ni la tokenización de activos del mundo real, una tendencia en auge que podría impulsar la innovación financiera. Esta omisión representa una oportunidad perdida para fortalecer el marco regulatorio y fomentar nuevos modelos de negocio.
• Regulación de Stablecoins: Aunque se promueve su uso para mitigar la volatilidad (no obstante, es bien sabido que los objetivos son abarcar los pagos globales) la falta de detalles específicos podría generar incertidumbre, especialmente si los reguladores financieros muestran resistencia.
• Prevención de Lavado de Dinero: La propuesta incluye medidas de cumplimiento financiero, pero carece de disposiciones sólidas para prevenir el lavado de dinero. Integrar esta iniciativa con la propuesta de Ley 58-20, “Ley de Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo”, pendiente de aprobación en el Congreso, que incorpora a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) como sujetos obligados, podría fortalecer significativamente este aspecto.
• Sanciones Poco Claras: La ausencia de sanciones específicas por incumplimiento deja lagunas que podrían complicar la implementación de la ley.
• Conflictos de Competencia: Asignar el desarrollo del reglamento al Organismo Ejecutivo, cuando la SIB y BANGUAT son los supervisores, genera dudas sobre si la Junta Monetaria debería liderar este proceso.

Un Futuro Prometedor, Pero con Trabajo por Delante

La propuesta de Ley de Criptomonedas en Guatemala es un paso adelante hacia la modernización del sistema financiero guatemalteco. Al promover la inclusión, proteger a los usuarios y ofrecer claridad jurídica, tiene el potencial de atraer inversión y fomentar la innovación. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo se aborden los retos identificados. Un regulador especializado, apoyo a los proveedores locales y una regulación más clara sobre stablecoins y prevención de lavado de dinero podrían convertir a Guatemala en un líder regional en el ecosistema cripto. 

En conclusión, consideramos que, de aprobarse, esta propuesta beneficiaría principalmente a los usuarios de activos digitales, tanto experimentados como principiantes. No obstante, los proveedores locales enfrentan diversas incertidumbres, ya que aún están pendientes las decisiones administrativas que podría adoptar el regulador designado.

Mientras Guatemala aguarda la aprobación de esta ley y la emisión de su reglamento, es crucial que los actores involucrados —gobierno, sector privado y sociedad civil— colaboren para garantizar que esta iniciativa trascienda la mera regulación y se convierta en un catalizador para un futuro financiero más inclusivo y dinámico. Estaremos atentos a su evolución en el Congreso de la República; sin duda, esta propuesta marca un comienzo prometedor.