Antecedentes
Durante la campaña electoral de 2024, Donald Trump adoptó un discurso notablemente favorable hacia el sector de los activos virtuales, en contraste con su postura durante su mandato anterior. En esta nueva campaña, Trump prometió establecer un entorno regulatorio más claro y amigable para las empresas de criptomonedas y los inversionistas en Estados Unidos. Entre sus propuestas figuraban la reducción de la burocracia, el impulso a la innovación en el ámbito de los activos digitales y el compromiso de mantener a EE. UU. como líder en esta tecnología emergente.
Estas promesas generaron entusiasmo entre los usuarios y empresas del sector cripto, quienes percibieron en Trump a un líder dispuesto a facilitar su desarrollo dentro de un marco legal más permisivo. Este discurso contrastó fuertemente con las políticas adoptadas durante la administración Biden, percibidas por muchos como agresivas y restrictivas hacia el ecosistema de activos virtuales.
Políticas restrictivas en la administración anterior
Algunas de las acciones más controversiales de la administración Biden en relación con los activos digitales incluyeron:
- Acciones de la SEC: Bajo el liderazgo de Gary Gensler, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) intensificó su supervisión del mercado cripto, clasificando numerosos criptoactivos como valores no registrados. Esta postura fue criticada por utilizar criterios jurídicos considerados inadecuados por diversos expertos en tecnología y derecho.
- Presión regulatoria sobre fintechs: Varias startups y empresas cripto enfrentaron auditorías agresivas, exigencias estrictas de cumplimiento y multas significativas (por ejemplo, el caso de Binance, Coinbase, Kraken, Ripple Labs etc), lo que llevó a algunas compañías a relocalizarse fuera del país.
- Falta de claridad legislativa: Se criticó constantemente al gobierno por no promover un marco normativo coherente y específico, generando incertidumbre legal y desincentivando la inversión y el desarrollo del sector.
- Procesamiento de desarrolladores DeFi: Se presentaron casos judiciales contra programadores y desarrolladores de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), bajo el argumento de que tenían control sobre las operaciones de los usuarios, lo que generó preocupación en la comunidad tecnológica.
- Operation Choke Point 2.0: Según investigaciones recientes, agencias federales habrían presionado a entidades bancarias para limitar sus relaciones comerciales con empresas del sector cripto, replicando tácticas similares a las usadas en la original “Operation Choke Point” de la era Obama. Esta supuesta acción ha sido denominada informalmente “Operation Choke Point 2.0”.
Como resultado, tanto usuarios como grandes compañías del sector cripto mostraron su desacuerdo con la política de la administración anterior y manifestaron mayor afinidad hacia las promesas de Trump.
Activos virtuales como reservas estratégicas de EE. UU.
El 6 de marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que incluye a cinco activos digitales en una nueva reserva estratégica de criptomonedas de Estados Unidos. Los activos seleccionados fueron:
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Ripple (XRP)
- Solana (SOL)
- Cardano (ADA)
Este anuncio representa un giro significativo en la política del gobierno estadounidense respecto a los activos virtuales y podría tener repercusiones importantes a nivel global, incluyendo a países como Guatemala, dada su estrecha relación económica con EE. UU. y su alta dependencia de las remesas.
La reserva estratégica tradicionalmente ha consistido en activos como oro, divisas extranjeras y petróleo, con el fin de garantizar la seguridad económica y nacional. La inclusión de criptomonedas sugiere que el gobierno estadounidense ahora percibe estos activos como instrumentos válidos de reserva, protección contra la inflación y diversificación económica.
Inicialmente, se ha informado que estas reservas se conformarán parcialmente con activos obtenidos por incautaciones legales relacionadas con delitos cibernéticos. No obstante, existen indicios de que el gobierno podría comenzar a adquirir activos digitales directamente para robustecer su posición en el ecosistema cripto.
Otras medidas favorables al sector cripto
Además de la creación de la reserva estratégica, el presidente Trump ha anunciado otras iniciativas que buscan fortalecer el ecosistema de activos digitales en EE. UU., entre ellas:
- Emisión de una orden ejecutiva para promover el liderazgo en tecnologías blockchain.
- Prohibición de la emisión de monedas digitales por parte del banco central de EE. UU. (CBDCs).
- Creación del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Activos Digitales, con el fin de proponer un marco regulatorio claro.
- Protección legal para garantizar el acceso de empresas cripto a servicios bancarios.
- Directiva para revertir guías contables restrictivas impuestas por la SEC a custodios de criptoactivos.
- Organización de una cumbre cripto en la Casa Blanca con líderes del sector.
- Promoción de stablecoins respaldadas por el dólar como herramienta de hegemonía financiera global.
- Disolución del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas a cargo del Departamento de Justicia por atribuciones que no le correspondían.
- Adicionalmente, hasta el momento, al rededor de 35 estados han presentado, a partir del mandato de Trump, iniciativas favorables para el sector cripto, lo que incluye la creación de reservas estatales, beneficios fiscales, fomento de la autocustodia, entre otras medidas.
Implicaciones para Guatemala
La decisión de Estados Unidos de integrar activos virtuales en su estrategia nacional plantea múltiples implicaciones para Guatemala, un país cuya economía está fuertemente vinculada al país norteamericano. Entre las posibles repercusiones destacan:
- Canales alternativos para el envío de remesas: La legitimación de los activos virtuales por parte de EE. UU. podría abrir nuevas vías más rápidas y económicas para la transmisión de remesas hacia Guatemala.
- Mayor presión para adoptar tecnologías cripto: Una postura proactiva por parte de EE. UU. podría acelerar la adopción de activos virtuales en Guatemala, tanto a nivel empresarial como individual.
- Urgencia de un marco regulatorio nacional: La ausencia de una legislación clara en Guatemala podría generar vacíos legales, riesgos operativos y oportunidades desaprovechadas. El país podría verse obligado a avanzar en temas como la protección al consumidor, la prevención del lavado de dinero y el control del financiamiento al terrorismo.
- Riesgo de dependencia normativa: Sin una legislación propia, Guatemala podría quedar sujeta indirectamente a las regulaciones estadounidenses, perdiendo capacidad de adaptación a su propio contexto económico.
- Impulso a la innovación financiera: La incorporación de criptoactivos podría facilitar el acceso a servicios financieros innovadores, especialmente para la población no bancarizada.
- Riesgos de arbitraje regulatorio: Las diferencias entre las normativas de EE. UU. y Guatemala podrían facilitar flujos ilícitos si no se establecen mecanismos de cooperación y supervisión eficaces.
- Necesidad de desarrollo institucional: Para aprovechar los beneficios y mitigar los riesgos, será clave que las autoridades guatemaltecas desarrollen capacidades técnicas y fortalezcan la supervisión del sector financiero.
- Oportunidades de diversificación económica: Si Guatemala logra construir un ecosistema robusto y bien regulado de activos virtuales, podría atraer inversión y diversificar su economía a largo plazo.
Conclusión
La inclusión de activos virtuales en la reserva estratégica de Estados Unidos representa un momento clave para el ecosistema financiero global. Para Guatemala, esto implica tanto oportunidades como desafíos. Una respuesta estratégica y proactiva por parte del gobierno, centrada en el desarrollo de un marco regulatorio adecuado y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, será esencial para integrarse de forma segura y productiva en esta nueva realidad económica.
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