Actualmente, en los Estados Unidos se lleva a cabo un intenso debate en el Congreso de esa nación, donde se discute específicamente si los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) podrán o no pagar intereses y rendimientos sobre las cuentas de monedas estables que custodien. Esta situación ha generado una fuerte oposición del sector bancario tradicional, ya que estos alegan que, si esta medida queda vigente, existe la posibilidad de que una parte significativa de los depósitos de ahorro (principalmente de bancos regionales y comunitarios) migre hacia cuentas de monedas estables administradas por PSAV que operan en Estados Unidos. Según argumentan los bancos, esto podría representar una amenaza para la estabilidad y la perdurabilidad de algunas entidades bancarias.
Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Clarity Act)
La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, o Digital Asset Market Clarity Act of 2025, es un proyecto de ley que forma parte de las medidas legislativas promovidas por la administración actual, con el objetivo de convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. Esta ley complementaría otras normativas importantes, como la orden ejecutiva sobre la reserva nacional de activos virtuales y la GENIUS Act.
Aunque la Ley de Claridad del Mercado es bastante extensa en sus objetivos y texto, se puede resumir en cuatro objetivos concretos:
- Claridad fiscalizadora: La ley separa las responsabilidades entre la Comisión de Valores (SEC, que vigila inversiones como acciones) y la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC, que regula materias primas como el oro o el petróleo). La Comisión de Valores se encargaría principalmente de las ventas iniciales y de los casos en que el activo virtual se considera una inversión tradicional; la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities tomaría el control principal de las compras y ventas cotidianas (mercados de contado) y de los activos digitales ya establecidos.
- Definir y clasificar los activos digitales: Se crea la categoría de “commodity digital” para aquellos activos cuyo valor proviene del uso real de su red blockchain. Se establecen criterios para determinar si una red blockchain es “madura” o descentralizada (sin control dominante de una persona o grupo). Cuando una red alcanza esa madurez, pasa a tener reglas mucho más ligeras bajo la supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities en lugar de la Comisión de Valores.
- Claridad regulatoria: La ley busca terminar con la práctica actual de regular solo mediante multas y demandas (sin normas previas claras). Ofrece exenciones limitadas para ventas iniciales, con información obligatoria para los compradores, y libera las compras normales en mercados ya maduros de ser tratadas como inversiones reguladas estrictamente. Esto proporciona certeza y permite que el sector innove y crezca de forma ordenada en Estados Unidos.
- Normas básicas para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: Las plataformas donde se compran, venden o custodian estos activos deberán registrarse principalmente con la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de manera rápida y provisional. Tendrán que seguir reglas simples, como separar el dinero de los usuarios del de la empresa, informar sobre riesgos, evitar fraudes y proteger a los clientes. La Comisión de Valores mantiene su autoridad para actuar en casos graves de engaño o manipulación.
Los objetivos generales de la Clarity Act son comprensibles y necesarios, ya que durante muchos años existió en Estados Unidos una gran incertidumbre sobre quién debería fiscalizar el mercado de activos virtuales. Incluso se observaron debates en los que se asociaba a las monedas estables con títulos valores (securities), así como una excesiva represión sin mayores fundamentos legales por parte de la Comisión de Valores (SEC) hacia este mercado digital. Esto, a su vez, influía en el ecosistema global de activos virtuales, ya que muchos reguladores de otras jurisdicciones sólo replicaban los argumentos y enfoques discutidos en Estados Unidos.
Controversia
En este sentido, el centro del debate actual en torno a la Clarity Act, previo a su aprobación, no se relaciona con temas de competencia regulatoria institucional. El punto de discordia (que involucra a senadores de distintas posturas ideológicas, al sector bancario, a los emisores y a los proveedores de servicios de activos virtuales) gira en torno al pago de intereses y rendimientos que ofrecen los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) como incentivos para que los particulares depositen dinero en sus plataformas en forma de monedas estables. Para entender esta situación, debemos invocar la GENIUS Act, cuya aprobación ha dado lugar a este extenso debate.
GENIUS Act
La GENIUS Act (que analizamos en su momento) habilita y reconoce, en general, la legalidad y el uso de las monedas estables de pago que representan al dólar de los Estados Unidos. En este sentido, la sección 4(A)(11) prohíbe expresamente a los emisores de monedas estables el pago de intereses o rendimientos en tokens, efectivo u otra variante, solo por el hecho de mantener, usar o retener stablecoins. El objetivo de esta medida es que las monedas estables se utilicen únicamente como medio de pago y no como un producto de inversión o ahorro que genere ganancias. Esta disposición fue promovida por el sector bancario estadounidense como condición para no oponerse a la aprobación de la GENIUS Act y evitar la competencia con este sector digital. Hasta aquí, todo parece claro.
Sin embargo, tanto los senadores que aprobaron la ley GENIUS como el sector bancario (que seguramente debatió y sugirió cambios a la misma) ignoraron, no vieron o no quisieron ver que, en la práctica, los emisores de monedas estables no son los que pagan intereses o rendimientos. Quienes sí lo hacen son los PSAV que habilitan depósitos de monedas estables (al igual que con cualquier otro activo virtual), ofreciendo rendimientos o formas de intereses para motivar a los usuarios a mantener sus stablecoins y activos virtuales dentro de sus plataformas.
Clarity Act
En este sentido, la Clarity Act, como indicamos, tiene como objetivo principal aclarar la competencia administrativa para fiscalizar el mercado de criptoactivos. No obstante, el sector bancario (un poco tarde) busca ahora dilatar la aprobación de la CLARITY Act bajo la condición de que se incluya un apartado especial en el que se prohíba a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) el pago de cualquier forma de rendimientos o intereses.
Argumentos
- Los argumentos del sector bancario para promover esta medida son que la GENIUS Act tiene vacíos legales y que, si no se prohíbe el pago de intereses a los PSAV, existen riesgos de que una parte de los depósitos bancarios migre a cuentas de stablecoins administradas por estos proveedores. Evidentemente, el sector bancario teme a la versatilidad tecnológica de las compañías PSAV que, al ser digitales y operar con tecnologías abiertas, tienen una alta y rápida compatibilidad con toda innovación tecnológica.
- Por su parte, los PSAV argumentan que el tema de intereses y rendimientos ya fue discutido en su momento durante el proceso de aprobación de la GENIUS Act. Además, promueven la libre competencia y la innovación financiera. Los PSAV buscan influir con recursos en el legislativo para impulsar su industria, que pasaría de ser principalmente intermediarios de inversión a acaparar mayores servicios como procesamiento de pagos, cuentas de ahorro, crédito, etc., de forma similar al sector bancario, pero con menores regulaciones. Esto, a la vez, podría dejar algunas lagunas legales relativas a la protección del ahorro y del consumidor.
- Por su parte, los senadores republicanos buscan un punto medio entre el sector bancario y los PSAV para que pueda avanzar la aprobación de la Clarity Act, necesaria para el crecimiento del mercado cripto estadounidense. La urgencia de los senadores republicanos radica en que se acerca la elección de nuevos representantes parlamentarios, lo cual en la próxima legislatura podría reducir su poder y, con ello, la intención de impulsar el ecosistema de activos virtuales (uno de los objetivos de la administración Trump).
En conclusión, la aprobación de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales va más allá de la simple aclaración de la competencia administrativa fiscalizadora. El debate real se centra en el futuro de los depósitos de ahorro de los estadounidenses: si estos seguirán siendo principalmente bancarios o se dejará la puerta abierta a nuevas compañías digitales. Evidentemente, si aumenta la circulación, el depósito y el uso de monedas estables representativas del dólar como medio de pago, una parte de los salarios y ahorros de los ciudadanos estadounidenses, incluyendo a la comunidad migrante, pasará a monedas digitales. De ellas, una porción significativa será trasladada a sus lugares de origen en forma de remesas.
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