Desde una perspectiva jurídica, el auge de las criptomonedas y tecnologías blockchain representa un gran desafío para todos los ordenamientos jurídicos, principalmente debido a su naturaleza descentralizada. A menudo se cree que los usuarios de cualquier activo criptográfico dependen de una aplicación o compañía centralizada para operar, pero esto no es cierto. De hecho, la principal ventaja de estas tecnologías es que permiten realizar transacciones sin intermediarios, facilitando a los usuarios interactuar con representaciones de valor digital almacenadas en una base de datos global sin personalidad jurídica ni ubicación física determinada. A pesar de esto, muchos usuarios prefieren utilizar los servicios de compañías centralizadas para la administración de sus activos, ya que algunas empresas ofrecen servicios que simplifican la interacción con estas tecnologías. Sin embargo, desde una perspectiva general, las tecnologías blockchain plantean varias incertidumbres jurídicas, siendo las más evidentes las relacionadas con la jurisdicción aplicable al momento de resolver una controversia o conflicto, lo que a su vez genera dificultades para la intervención de los fiscalizadores públicos. Al ser blockchain una tecnología global y de acceso público, es inevitable el involucramiento de varios ordenamientos jurídicos simultáneamente, lo que puede generar problemas en aquellos casos en los que algunos estados no posean normas relacionadas, desconozcan ampliamente el tema o existan barreras lingüísticas o jurídicas que dificulten la rápida resolución de controversias que impliquen aspectos jurídicos transnacionales.
Uno de los desafíos que enfrentan los estados, las compañías y los usuarios en relación a las criptomonedas son las incertidumbres tributarias que estas tecnologías plantean. Muchos piensan que la resolución de estos desafíos implica simplemente determinar el tratamiento tributario de la criptomoneda principal, que es Bitcoin, y asociar esa clasificación con las normativas tributarias internas. Sin embargo, el tema es mucho más complejo que eso. Bitcoin es el punto de partida, la blockchain principal, no obstante, este ecosistema evoluciona rápidamente y existen muchas otras bases de datos que generan valor digital con altos volúmenes de intercambio, en donde cada token puede tener características, funciones y objetivos completamente distintos a Bitcoin. Cada uno de estos tokens puede generar sus propias incertidumbres y confusiones normativas que deben ser resueltas por los fiscalizadores y reguladores. Si nos limitamos, por ejemplo, únicamente a gravar o generar obligaciones tributarias solo sobre la posesión o liquidación a fiduciario de Bitcoin, estamos dejando otros tokens y bases de datos compatibles con Bitcoin, que podrían utilizarse para evitar cualquier obligación que pueda surgir.
A partir de lo mencionado, se pueden identificar los desafíos e incertidumbres tributarias más relevantes desde la perspectiva de los principales actores involucrados en estas tecnologías.
1. Desafíos para los estados: fiscalizadores y reguladores
En el ámbito tributario, los fiscalizadores y reguladores enfrentan distintos desafíos, entre los cuales destaca la necesidad de capacitarse constantemente sobre las actualizaciones y diferentes variantes de estas tecnologías para estar al tanto de cualquier nueva forma de valor digital o herramienta digital centralizada o descentralizada que pueda surgir. También surgen interrogantes sobre si es conveniente adaptar las normas tributarias ya existentes a estas tecnologías o si es necesario crear nuevas normas especiales para este espacio digital. Si se busca la generación de nuevos tributos, se debe considerar el impacto de esas decisiones en el ecosistema de criptomonedas, en relación a la promoción de la inversión de estas tecnologías, o bien, el riesgo de generar nuevas cargas tributarias que compliquen el desarrollo de este ecosistema, o que alejen los emprendimientos existentes.
Desde la perspectiva de la fiscalización tributaria, la autoridad pública se enfrenta a distintos desafíos, por ejemplo en materia de ganancia de capital, en donde se evidencian dificultades en la determinación de la base imponible. Esto se debe a la alta volatilidad y cambio constante en el precio de los activos en cortos períodos de tiempo, lo que dificulta la determinación de una base imponible precisa y confiable en situaciones como el intercambio de activos, donde el precio de compra de un token puede diferir significativamente con el precio de venta.
Otro desafío que enfrentan los fiscalizadores tributarios es la coordinación adecuada con órganos tributarios internacionales. En este ecosistema existe una alta facilidad de interactuar con distintos intermediarios ubicados en el extranjero, por lo tanto, en algún momento puede surgir la necesidad de solicitar información a esos intermediarios sobre contribuyentes ubicados en el territorio nacional, lo que implica tener una comprensión precisa de cómo opera esta industria no solo tecnológicamente sino también operativamente a nivel internacional.
Derivado de lo diversas que son estas tecnologías, los fiscalizadores tributarios enfrentan desafíos significativos en cuanto a la identificación del titular de ciertos tokens, ya que existe una amplia variedad de billeteras que los particulares pueden utilizar para disponer de sus activos. Estas actividades implican un marco normativo adecuado, debido a que en muchos casos las normas jurídico-tributarias existentes no son suficientes para abordar estas actividades digitales. En cuanto a la creación de nuevas normas tributarias, puede generarse otro desafío para los fiscalizadores, que es el posible surgimiento de intercambio de activos en la economía informal para evitar el cumplimiento. A la vez, la creación de nuevas normas tanto tributarias como de otras ramas jurídicas, puede generar incomodidad y oposición de ciertos funcionarios o grupos de interés dentro de una nación, ya que el surgimiento de normas específicas puede representar la aceptación dentro de un territorio de estas tecnologías, en donde existen intereses que pueden no estar de acuerdo con que operen libremente este tipo de activos digitales. No se puede negar que también existen riesgos y desafíos en la fiscalización para la prevención de delitos relacionados con el uso de criptomonedas para evadir impuestos o para actividades de lavado de dinero, lo que requerirá medidas para mitigar estas situaciones.
Otro desafío importante para los fiscalizadores tributarios es la existencia de intermediarios con sucursales en distintos países que pueden dar lugar a transacciones simultáneas entre intermediarios de una misma filial corporativa, lo que puede sugerir transferencias de ganancias hacia otros países con normas tributarias más favorables.
2. Desafíos para los intermediarios y compañías de criptomonedas
Los intermediarios que brindan servicios relacionados con activos virtuales enfrentan muchos desafíos e incertidumbres en materia tributaria. En algunos países, en donde la claridad tributaria es limitada, existe la incertidumbre sobre el surgimiento de nuevas normas que podrían castigar esta actividad con altos impuestos o la imposición de obligaciones y sanciones desproporcionadas que dificulten su operatividad. Por ejemplo, en muchos países se habla de que los intermediarios tienen la obligación de retener los impuestos que los usuarios deben pagar hacia el recaudador tributario, lo que puede representar una carga administrativa adicional. Además, otro desafío para los intermediarios es el surgimiento de leyes tributarias confusas que generen exposición al error y eventualmente se conviertan en un conflicto tributario derivado de la poca claridad normativa. Todo esto aumenta la complejidad del cumplimiento tributario para los intermediarios y, en algunos casos, puede incluso llevar al cierre de la actividad o a la búsqueda de otra jurisdicción más favorable.
Los grandes intermediarios que operan en distintos países enfrentan el desafío de lidiar con obligaciones tributarias diferentes en cada uno de ellos, lo que puede aumentar los gastos operativos administrativos. Además, otro desafío para estos intermediarios es la complejidad que puede surgir en el ecosistema blockchain, por ejemplo, cuando surgen tokens vinculados con activos principales, como en el caso de bifurcaciones duras que surgen de nuevos tokens derivados de uno principal. A pesar de que un ordenamiento jurídico podría establecer obligaciones tributarias sobre activos principales y sobre aquellos tokens más evidentes, el ecosistema cambiante puede generar nuevas prácticas que impliquen algún tipo de rendimiento o beneficio en una nueva clase de token, lo que puede generar incertidumbres respecto al pago de tributos, ya que es poco probable que existan normas tributarias específicas sobre todos los fenómenos blockchain, o bien, las mismas no surgen a la velocidad requerida. Otro desafío para los intermediarios es mantener la información precisa requerida por los fiscalizadores tributarios, ya que pueden surgir incompatibilidades en la forma en que los intermediarios manejan la información interna frente a la información solicitada por el fiscalizador tributario.
3. Desafíos para los usuarios de criptomonedas
Los usuarios de criptomonedas enfrentan varios desafíos. Uno de ellos es la incertidumbre constante sobre las obligaciones tributarias que les corresponden, especialmente en países donde no hay claridad normativa. En este sentido, la comprensión del ecosistema blockchain no es fácil y requiere mucha capacitación y educación, simultáneamente los usuarios también tienen que cumplir con las normas y regulaciones que rigen estas actividades, lo cual puede ser complicado en el ámbito tributario, ya que en muchos países estas normas son complejas y requieren conocimiento específicos o asesoramiento de profesionales especializados.
Otro desafío que enfrentan los usuarios es el tipo de billetera o servicio que utilizan para administrar sus fondos. Pueden estar utilizando billeteras pertenecientes a intermediarios ubicados en jurisdicciones extranjeras o billeteras ubicadas en la jurisdicción en la que se encuentran. También pueden utilizar distintas billeteras de auto custodia. Por lo tanto, es importante que los usuarios conozcan el tipo de tecnología que están utilizando y la adapten a los requisitos tributarios del país en el que se encuentran.
Cuando un usuario utiliza los servicios de un intermediario, este suele llevar un registro de todas las transacciones que realiza el usuario. Sin embargo, si el usuario opera de forma independiente utilizando billeteras de auto custodia, se complica mantener un registro adecuado de los activos que maneja. Por lo tanto, en caso de que tenga que justificar ante alguna autoridad tributaria el origen de sus fondos, el usuario debe asegurarse de mantener un registro adecuado y organizado.
Otro desafío que pueden enfrentar los usuarios es que, en algún momento, la autoridad tributaria emita normas o reglamentos específicos hacia estas tecnologías. Sin embargo, puede suceder que los mismos no sean claros o que no exista una orientación adecuada por parte del fiscalizador público para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De esta manera, el usuario también se enfrenta a incertidumbres sobre el posible surgimiento de multas en materia administrativa o, en el peor de los casos, involucrarse en procedimientos en materia tributaria, lo cual puede ser una cuestión bastante incómoda.
Conclusiones
En conclusión, las criptomonedas presentan desafíos importantes para los estados, intermediarios y usuarios en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La falta de regulación clara y la complejidad de estas tecnologías pueden generar incertidumbre y conflictos en el cumplimiento tributario. Sin embargo, se observa una tendencia en otros países en donde las autoridades tributarias y los intermediarios se están adaptando al ecosistema de las criptomonedas y generando herramientas que facilitan el pago del tributo. Por ejemplo, algunos intermediarios extranjeros ya incorporan dentro de sus servicios, aplicaciones contables, estas herramientas pueden ser una importante ayuda para los usuarios y sus asesores fiscales, reduciendo el conflicto tributario y automatizando el cumplimiento de la obligación tributaria. Es evidente que el cumplimiento tributario de las criptomonedas a futuro tiende a ser automatizada, lo que puede ayudar a simplificar el proceso y a reducir la complejidad de estas actividades en materia fiscal.
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